1. INTRODUCCIÓN
Este
texto nace de una necesidad: la de hacer justicia en una situación
en la que yo he sido en todo momento la parte más débil,
y tratado con injusticia por las autoridades educativas y las
instancias judiciales oscenses –a cuyas dependencias de lo
contencioso llevé mi caso buscando solución a una
persecución planeada–, como los lectores podrán
comprobar.
Uno
de los principales objetos de esta crónica reflexiva es poner
de manifiesto la diferencia de rasero con la que la Administración
aplica las reglas que ella misma crea: mientras exige un cumplimiento
literal a sus administrados, ella se salta los preceptos que le
puedan resultar incómodos para la consecución de sus
objetivos. Las correas de transmisión de este modus
operandi
son, como no podía ser de otro modo, los cargos directivos y
ejecutivos de la pequeña administración: inspectores,
secretarios y directores provinciales.
En
el momento en que el administrado –como fue el caso conmigo y verán
ustedes, lectoras y lectores, si se sumergen en la lectura de estas
páginas– reclama el cumplimiento estricto de la misma
normativa que a él le quieren aplicar es considerado como un
molesto elemento a abatir, puesto que está mostrando con
caracteres gruesos el funcionamiento irregular e ilícito de la
Administración, el déficit democrático de
nuestras instituciones, y, en última instancia, la
discrecionalidad de las decisiones de quien se ve investido con un
poder cualquiera.
Otro
elemento de enormes importancia y protagonismo en este texto es el
comportamiento de los compañeros de trabajo. En un clima de
completa y absoluta sumisión a los dictados de quien manda,
sin que exista la posibilidad de análisis crítico y
cuánto menos de reclamación por su parte, los
trabajadores que he tenido la desgracia de cruzarme en el camino
descrito en este texto han demostrado no preocuparse más que
de cobrar a fin de mes y de ponerse acríticamente al lado de
quien podía recompensarles por su fidelidad sin fisuras. Y
todo ello en detrimento de un compañero, quien esto escribe,
de quien nadie ha intentado conocer los motivos de sus quejas ni los
antecedentes de sus peleas. Para citar un adagio
compuesto por un político de ya larga trayectoria
parlamentaria, "quien se mueva no sale en la foto": el
miedo paralizaba a los trabajadores con quienes me codeé,
temerosos de que una u otra demostración de independencia y
autonomía les hiciera entrar en una "lista negra" en
la que sólo hallaran obstáculos para su normal y cómodo
ascenso en la relación de prebendados. Nulas demostraciones de
solidaridad, menos todavía de compañerismo, que
hicieran pensar al acosado que por lo menos contaba con el apoyo
moral y sentimental de sus camaradas. Ni una sola visita en su
aislamiento, ni una sola llamada que sirviera para reconfortar al
acosado en el lugar donde fue arrinconado o expulsado. Esto es algo
que, aun pareciéndole chocante al autor, debe de ser bastante
habitual según le relató su abogada Mª Gabriela
García, más experimentada y versada que él en
relaciones laborales y casos de toda índole.
Pero
el agent
provocateur
de
todo el tinglado, el que finalmente ha decidido que no se haga
justicia, fue un juez: el que fuera titular del juzgado de lo
contencioso de Huesca, en quien confió el acosado el
desembrollo del asunto y que siempre actuó de manera
incomprensiblemente favorable a los intereses de la Administración,
desoyendo lo expuesto por los representantes letrados y dejando de
considerar aquellas de sus argumentaciones que desactivaban las
acusaciones de las autoridades educativas. En todo momento otorgó
mayor credibilidad a la palabra de los acosadores que a la del
acosado, infringiendo con ello la sacrosanta presunción de
inocencia –incluso en situaciones de un único testimonio
opuesto a otro en las que no existían elementos suficientes de
juicio para dirimir la validez y/o credibilidad de ambos.
Aun
actuando así la Justicia de primera instancia, el propio
sistema judicial permite la apelación en instancias superiores
–que resuelve, en el mejor de los casos, tras tres o cuatro años
de inquieta espera. La propia saturación de los juzgados
obliga al aggiornamiento
de los procedimientos, lo que provoca una merma de los derechos
ciudadanos sobre los que se asienta una democracia: el imperio de la
ley y su cumplimiento debería ser un derecho fundamental en
cualquier Estado democrático avanzado; pero héte aquí
que tanto en Justicia como en salud pública, son tales los
plazos de espera que antes de que el ciudadano halle curación
la enfermedad puede haber avanzado hasta un punto casi irreversible.
Este
es por lo tanto el relato de un acoso, de una persecución
sufrida en sus propias carnes por quien lo escribe. Él se ha
dejado la salud en ello, así como numerosas horas en redacción
de peticiones, solicitudes, quejas, denuncias, recursos y defensas;
de nada le han servido cuando su exclusión del acrítico
funcionariado estaba prevista de antemano. Sean indulgentes con la
pasión que dejará traslucir este texto en más de
un pasaje y que pone en riesgo la credibilidad de lo que en él
se relata: la objetividad absoluta es una entelequia, y cuánto
más en el caso del relato de una ofensa sufrida en la primera
persona de quien lo narra –y será en esa persona del verbo
en la que acometerá la redacción de este sentido y,
para él, necesario testimonio.
A
título de antecedente, el narrador ha plasmado sus impresiones
de los años previos al desempeño del puesto en la EOI
de Monzón –que fue donde se produjeron los más
gruesos acontecimientos de este relato–; su fin no es otro más
que el de mostrar cómo su itinerario profesional y su
experiencia anterior han podido determinar, en mayor o menor medida,
su actitud ante los casos que expondrá más adelante.
Y,
por último le cabe señalar al narrador que todas las
opiniones y juicios de valor vertidos en este documento no son más
que eso, opiniones. Con ellas no pretende desprestigiar a nadie, ni
socavar su honor, cuánto menos insultar a quien sea;
únicamente expone el narrador su punto de vista sobre los
hechos narrados, en los que, necesariamente, han cumplido un
importante papel las personas que, con nombre y apellidos,
compartieron esas vivencias. Que esto sea leído en su
descargo.

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